Creada por la Ley 27.243, la OPC nació con el propósito de garantizar que el debate presupuestario y tributario no fuera un monopolio del Palacio de Hacienda. Con un plantel de técnicos seleccionados por concurso público, el organismo proveyó durante años estimaciones de recaudación, análisis de impacto fiscal y seguimiento de partidas clave para la educación, las jubilaciones y las obras públicas.

Sin embargo, en los últimos meses la Comisión Bicameral de Supervisión —encabezada por el oficialismo y aliados, con referentes como Bertie Benegas Lynch y el senador Agustín Monteverde— activó un proceso de revisión administrativa que derivó en una virtual parálisis operativa.

Entre los principales hitos que detonaron la salida de la conducción técnica se destacan:

• Freno a informes de impacto fiscal: Se limitó la difusión de estudios que medían el costo real de proyectos impulsados por el oficialismo y la oposición, eliminando la capacidad de contrastar el relato de la "inviabilidad presupuestaria" que la Casa Rosada suele esgrimir como justificativo para vetos o recortes.

• Desarticulación de equipos: Mediante la Resolución 003-CSP-2026, la comisión supervisora suspendió la incorporación de 15 analistas especializados que habían ganado concursos entre más de un centenar de postulantes.

• Ahogo administrativo: Se despojó a la OPC de su Servicio Administrativo Financiero (SAF), comprometiendo incluso la certeza presupuestaria para el pago de salarios del personal técnico especializado hacia el tramo final del año.

El desenlace fue la dimisión indeclinable de Esterelles —quien había asumido por concurso de antecedentes en 2023— junto a miembros de sus áreas institucionales y administrativas. A través de la Resolución 010-CSP-2026, la comisión oficializó a María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont como directora interina.

Un cerrojo a los datos que afecta a los trabajadores y a la clase media

El debilitamiento de los organismos de medición técnica no es una novedad en la historia económica argentina, pero adquiere una gravedad particular en el contexto actual. Mientras el ajuste recae con dureza sobre los ingresos de los trabajadores asalariados, los haberes jubilatorios y el poder adquisitivo de la clase media, la opacidad en el manejo de las cuentas públicas priva a la sociedad de datos elementales: ¿dónde se recortan los recursos y quiénes son los verdaderos beneficiarios del esquema fiscal?

La advertencia no tardó en resonar en la Cámara de Diputados. Bloques de la oposición señalaron que, al desarticular la OPC, el Congreso queda ciego frente al diseño del Presupuesto 2027, dependiendo exclusivamente de las cifras y proyecciones que decida difundir el Ministerio de Economía.

El costo de legislar sin sustento técnico propio no es abstracto: sin un órgano imparcial que cuantifique la recaudación real, el gasto tributario o el costo de las medidas sociales, las decisiones parlamentarias quedan subordinadas a la arbitrariedad del Poder Ejecutivo, profundizando la vulnerabilidad de las familias argentinas que exigen transparencia y previsibilidad en las políticas públicas.