La sesión, que formó parte del temario de sesiones extraordinarias, vivió un debate extenso donde se definió en general la orientación de la ley que reemplaza al régimen vigente desde 1980, con un foco en endurecer las respuestas penales a casos graves.

Apoyos y rechazos

El proyecto consiguió el respaldo de bloques oficialistas y aliados dispersos, como La Libertad Avanza (LLA), PRO, Unión Cívica Radical (UCR), diferentes partidos provinciales y otras bancadas menores que coincidieron en la necesidad de actualizar la normativa.

En tanto, desde Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otras fuerzas de oposición se pronunciaron en contra, al considerar que la baja de la edad de imputabilidad —sin un abordaje integral de políticas sociales, educativas y de prevención— no resolverá la problemática de la delincuencia juvenil.

Durante el debate, legisladores oficiales defendieron la medida como una “respuesta a la problemática actual”, mientras que los opositores describieron la propuesta como un “mamarracho jurídico” y advirtieron que criminaliza a los sectores más vulnerables sin atender las causas estructurales del delito.

¿Qué plantea la Reforma Penal Juvenil?

La iniciativa reduce la edad mínima de imputabilidad a los 14 años y propone un esquema legal para que los adolescentes de entre 14 y 18 años puedan ser juzgados por delitos graves, con penas que pueden alcanzar hasta 15 años de prisión según la gravedad de los hechos.

La idea central es que el nuevo régimen pueda “fomentar la responsabilidad legal” de los jóvenes que cometan delitos severos, al tiempo que incorpora —al menos en el discurso— instrumentos para la resocialización y atención especializada. La norma también amplía opciones como mediación penal, suspensión del proceso a prueba y medidas comunitarias cuando los hechos no configuren delitos graves.

Tensiones por financiamiento

Uno de los puntos más discutidos fue el relativo al financiamiento de la implementación del nuevo régimen. Voces de aliados dentro de la propia mayoría reclamaron por mecanismos claros de financiación para que las provincias puedan asumir las responsabilidades operativas del sistema, especialmente en materia de infraestructura, asistencia profesional y servicios integrales para los menores.

Diputados como Pablo Juliano expresaron que sin un compromiso explícito de recursos no será viable la aplicación práctica de la reforma, dadas las demandas presupuestarias que implican nuevos centros, personal especializado y programas de reinserción.

Miradas cruzadas y próximos pasos

Tras la media sanción, el proyecto se enviará al Senado Nacional, donde se espera que continúe el debate en una cámara en la que ya se anticipan posiciones más diversas y discusiones técnicas adicionales.

La reforma penal juvenil se suma así a una agenda legislativa que este año busca redefinir aspectos sensibles del sistema de justicia y seguridad en Argentina, en un contexto social marcado por pedidos de mano dura frente al incremento de delitos graves, pero también con fuertes críticas desde sectores que abogan por políticas más integrales de prevención y protección social