En una sesión maratónica y sin consenso social, la Cámara Baja dio media sanción a una reforma laboral que representa un giro regresivo en los derechos de los trabajadores argentinos. Con el apoyo de la coalición oficialista La Libertad Avanza y bloques aliados como PRO, UCR, MID, Innovación Federal y otros diputados provinciales, el proyecto avanzó pese a la huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la protesta de millones de trabajadores que paralizaron el país en rechazo al proyecto.

El gobierno logró después de la medianoche la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados por 135 votos contra 115, luego de conseguir el apoyo de los gobernadores Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, además de los bloques aliados del PRO, la UCR y las bancadas más pequeñas. 

De hecho, los catamarqueños Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot se dieron el lujo de votar en contra de la norma porque el oficialismo estaba sobrado en número, gracias a los tres salteños, los cuatro misioneros, los dos tucumanos que se pronunciaron a favor -el tercero, Javier Noguera, no estuvo para la votación- y los tres cordobeses que se ausentaron. Incluso, Martín Llaryora pudo instrumentar no solo el faltazo de Juan Schiaretti, Alejandra Torres e Ignacio García Aresca sino también el reparto para que Carlos Gutiérrez vote como los libertarios y Juan Brugge con el lote opositor.

Durante la votación en particular, el Título I se aprobó también por una holgada mayoría y sin la incorporación del artículo Galperín que reclamaba el PRO, mientras que el Título II, correspondiente al FAL, salió por 130 voluntades por la afirmativa, 117 por la negativa y las abstenciones de Lourdes Arrieta, Karina Banfi y el rionegrino Sergio Capozzi.

Al momento de someterse a consideración el Título III, volvió a suscitarse un intenso debate por el traspaso de fuero laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, el bloque de LLA reunió 135 votos positivos, la oposición alcanzó 110 negativos y hubo cinco abstenciones, correspondientes a los radicales Martín Lousteau, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, junto a los lilitos Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

Lo que aprobó Diputados:

• Extensión de la jornada laboral hasta 12 horas mediante mecanismos como el “banco de horas”.

• Abaratamiento de los costos laborales para empleadores y cambios en el cálculo de indemnizaciones, limitando así la protección frente a despidos.

• Reducción del peso de la Justicia del Trabajo y mecanismos que priorizan acuerdos empresariales por encima de los convenios colectivos tradicionales.

• Limitaciones al derecho de huelga y exigencias de servicios mínimos en actividades consideradas esenciales.

Aunque se eliminó un artículo que reducía el salario de trabajadores durante licencias médicas, el conjunto de la reforma no mejora los ingresos ni la seguridad laboral de los asalariados, y en cambio abre puertas a la precarización y a la flexibilización extrema de las condiciones de trabajo.

La destrucción del salario real y el cierre de empresas

El contexto en que se aprobó la reforma es especialmente crítico: semanas atrás, la histórica fábrica Fate anunció el cierre de su planta en San Fernando, dejando sin empleo a cerca de 920 trabajadores, en medio de una recesión prolongada y presión de importaciones de bajo costo que han erosionado competitividad industrial.

Mientras el gobierno celebra la reforma como “modernización” y posible generadora de empleo formal, miles de trabajadores ven cómo sus salarios reales se achican ante la inflación, la apertura indiscriminada de mercados y los cambios normativos que potencian la informalidad. Sectores productivos alertan que la reforma no soluciona la caída de la actividad económica ni incentiva inversiones sustentables, sino que agudiza la precarización y acelera el cierre de unidades productivas.

La votación reveló una fuerte polarización:

• A favor: oficialismo de Milei (La Libertad Avanza) y bloques aliados como PRO, UCR, MID, Innovación Federal, y algunos diputados provinciales de Santa Cruz, Salta, Misiones, San Juan y otras provincias.

• En contra: la mayoría del bloque Unión por la Patria (kirchneristas y aliados), la Coalición Cívica, sectores provinciales opositores y legisladores de izquierda, que denunciaron la reforma como un ataque directo a los derechos laborales y al salario de los trabajadores.

La oposición advirtió que no sólo se trata de un retroceso histórico en términos laborales, sino que también podría derivar en impugnaciones judiciales por considerarla inconstitucional y en un impacto negativo sobre la ya deteriorada capacidad adquisitiva de los asalariados.