El Gobierno detectó presuntos sobreprecios millonarios en compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2025. La información surge de un informe técnico elaborado por el Ministerio de Salud, que comparó facturas emitidas al Estado con precios de referencia del mercado y encontró diferencias que, según el documento, resultan “injustificables”.

La auditoría analizó adquisiciones de sillas de ruedas, andadores, prótesis y otros insumos médicos. De acuerdo al relevamiento oficial, las diferencias oscilaron entre el 300% y el 1000%, aunque en algunos casos superaron el 2000%. El caso más extremo fue la compra de un andador que registró un incremento del 4239% respecto al valor de referencia utilizado por los técnicos del área sanitaria.

“El análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”, sostiene el documento firmado el 10 de abril por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. El informe fue incorporado a la causa judicial que investiga un presunto fraude millonario dentro de la agencia.

Entre los ejemplos que aparecen en el expediente figura una contratación realizada el 8 de julio de 2025. Según el informe, una empresa contratista de Andis recibió $425 millones por un sistema de “válvulas bicaval transcatéter”, utilizado para corregir problemas cardíacos. El trabajo técnico comparó esa compra con otra realizada por el PAMI en marzo por el mismo producto, que había costado $124,2 millones. La diferencia fue del 242%.

La investigación también puso la lupa sobre compras de sillas de ruedas. En uno de los casos atribuidos a la firma Artrobone, una factura fechada el 9 de octubre del año pasado para un paciente de Córdoba tenía un valor de $19 millones, mientras que el precio de referencia nacional fijado por las autoridades alcanzaba $1.279.999.

Algo similar ocurrió con Bymax Medical, señalada en el informe por facturar una silla de ruedas también en torno a los $19 millones, unos $15 millones por encima de los valores de mercado considerados por el área de Salud.

El informe recolectó en total 37 facturas emitidas por seis proveedores del Estado: Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Imnova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat. Entre todas recibieron pagos por $18.100 millones.

La empresa que más fondos absorbió fue Farma Salud, con $7900 millones. Uno de sus socios mayoritarios, Osmar Mariano Caballi, fue citado a indagatoria. 

Días atrás también declararon los otros dos socios de la firma, Hernán Darío Rasmussen y Maximiliano Ariel Perdiechizi, exdirector técnico del ascenso. Ambos rechazaron las acusaciones mediante escritos presentados ante la Justicia. Rasmussen sostuvo que la empresa había permanecido inactiva durante años por problemas económicos y que recién retomó actividad en 2024, cuando conocieron a Caballi. Según su versión, fue él quien les acercó nuevos negocios vinculados al sistema de salud.

Otro de los nombres que aparece en la causa es el de Patricio Oscar Acosta, gerente de Bymax Medical y pareja de la exfuncionaria de Andis Lorena Di Giorno, ya procesada en el expediente. Di Giorno responde políticamente a Miguel Ángel Calvete, señalado en la investigación como uno de los operadores ligados a droguerías bajo sospecha.

Según la reconstrucción judicial, Calvete habría mantenido reuniones con el entonces titular de la agencia, Diego Spagnuolo, durante 2025. Además, la causa menciona a Ornella Calvete, hija del operador, quien dejó su cargo en el Ministerio de Economía después de que en un allanamiento se encontraran 700 mil dólares en efectivo en su departamento.

El expediente también apunta contra el funcionamiento del Siipfis, el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones utilizado para agilizar contrataciones. La hipótesis fiscal sostiene que el mecanismo habría sido manipulado para definir de antemano qué empresas participaban de las licitaciones y cuáles quedaban afuera.

En algunos casos, según la acusación, competían firmas de un mismo grupo familiar; en otros, empresas que directamente no presentaban ofertas reales. Para la fiscalía, eso permitió montar licitaciones simuladas con precios inflados.

“Lejos de constituir una garantía de transparencia, terminó funcionando como una herramienta que, bajo la fachada de imparcialidad y automatismo, permitió el despliegue de maniobras orientadas a beneficiar a determinados proveedores de manera ilícita y orquestada”, sostuvo el fiscal Picardi en uno de sus dictámenes.

Dentro de la investigación aparece mencionado un grupo bautizado como “grupo museo”, nombre tomado de un chat de WhatsApp compartido entre varios de los acusados. Allí aparecen Caballi, los exdirectores Daniel María Garbellini y Pablo Atchabahian, además de Patricio Gustavo Rama, vinculado comercialmente a droguerías investigadas.

Según la acusación fiscal, junto a Calvete definían qué firmas eran invitadas a las compulsas de precios. En uno de los mensajes incorporados a la causa, Caballi le escribía: “¿Me invitarían específicamente a estas?”. También aparecen pedidos de inclusión enviados por Atchabahian a otros funcionarios.

La causa ya tiene 49 personas llamadas a indagatoria entre funcionarios, operadores externos, familiares, empleados y gestores. Varios de ellos impulsan pedidos de nulidad y cuestionan el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo, donde se habla de un supuesto esquema de coimas dentro de la agencia. A fines de abril, el juez Ariel Lijo ordenó realizar un peritaje sobre esas grabaciones.