La crisis económica que atraviesa la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei suma un nuevo capítulo de polémica política y judicial. Mientras el Ejecutivo profundiza el ajuste sobre amplios sectores de la sociedad, un escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a exponer las contradicciones del discurso oficial contra “la casta”.

Según declaraciones judiciales recientes, un testigo clave aseguró que en la compra de un departamento en el barrio de Caballito se habría acordado un pago adicional de 65 mil dólares “por fuera” de la escritura. Este monto, de confirmarse, implicaría dinero no declarado, es decir, fuera del circuito legal y del control de los organismos fiscales.

El testimonio corresponde a Pablo Martín Feijóo, hijo de una de las vendedoras, quien declaró ante la Justicia que existió un acuerdo de palabra con el funcionario para compensar un monto que no figuraría en la operación formal. Además, se detalló que la compra del inmueble habría incluido un esquema de financiamiento inusual, con préstamos de particulares y pagos diferidos, lo que alimenta sospechas sobre la transparencia de la operación.

Feijoo, que conoce al ex vocero porque sus hijos asisten a la misma escuela relató una situación insólita ante la fiscalía del fiscal Gerardo Pollicita. Al parecer, Adorni le comentó necesitaba comprar un departamento, pero que solo tenía 30 mil dólares.

Según informaron La Nación y El DiarioAr, el hijo de la jubilada Beatriz Viegas, confirmó que su madre y Claudia Sbabo habían adquirido el departamento en 200 mil dólares con la intención de hacerle un lavado de cara y revenderlo por 345 mil, 50 mil dólares menos de lo pagado por Adorni.

La gravedad del caso no radica sólo en la posible irregularidad patrimonial, sino en el contexto político en el que ocurre. Mientras se investigan maniobras que podrían implicar evasión o uso de dinero no declarado, el gobierno libertario sostiene un discurso de austeridad extrema que se traduce en recortes sobre jubilaciones, programas sociales y servicios esenciales.

La contradicción es cada vez más evidente: el mismo oficialismo que justifica el ajuste en nombre del “orden fiscal” queda envuelto en denuncias que apuntan a prácticas que, de comprobarse, erosionan la credibilidad institucional. La lógica del sacrificio parece aplicarse únicamente a la ciudadanía, mientras crecen las dudas sobre el comportamiento de quienes ocupan los cargos más altos del poder.

En este marco, el caso Adorni no es un hecho aislado sino parte de un clima más amplio, donde se multiplican las tensiones sociales producto de políticas que impactan directamente en el nivel de vida de la población. La caída del poder adquisitivo, el deterioro del empleo y el recorte de derechos conviven con escándalos que golpean el relato oficial.

Así, la investigación judicial en curso no sólo pone bajo la lupa a un funcionario clave, sino que también reabre un debate más profundo: quién paga realmente el costo del ajuste en la Argentina de Milei y hasta qué punto el discurso contra los privilegios se sostiene frente a los hechos.