El índice de enero se convirtió en el registro más alto desde abril de 2025 y cortó la narrativa oficial de una baja sostenida. En términos interanuales, la inflación alcanzó el 32,4%, una cifra todavía elevada para una economía que atraviesa un ajuste profundo, caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo.

Pero el foco ya no está solamente en el número, sino en cómo se llegó a él. El Ministerio de Economía decidió no aplicar la nueva canasta de consumo que el INDEC tenía preparada para actualizar la medición del IPC. Esa metodología incorporaba patrones de gasto más recientes y, según trascendió, podía arrojar un resultado superior al finalmente publicado. La decisión de mantener el esquema anterior coincidió con la salida de Marco Lavagna de la conducción del organismo.

Desde el Gobierno argumentaron que el cambio debía postergarse por “cuestiones técnicas” y para no alterar la serie estadística en medio del proceso de desinflación. Sin embargo, la lectura política es inevitable: evitar que el índice comenzara con un 3 adelante tenía un peso simbólico clave para sostener el relato oficial de éxito económico.

La polémica revive un fantasma sensible en la Argentina: la credibilidad del INDEC. Si bien la actual gestión no enfrenta acusaciones de manipulación directa como ocurrió en el pasado kirchnerista, la decisión de frenar un cambio metodológico ya elaborado y aceptado por equipos técnicos abre interrogantes sobre el grado de autonomía real del organismo frente al Ministerio de Economía.

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Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,9% en enero de 2026 respecto de diciembre y 32,4% interanual https://t.co/YCHmuRuwYQ pic.twitter.com/5uFH5LvkLn

— INDEC Argentina (@INDECArgentina) February 10, 2026

El dato de enero mostró fuertes subas en alimentos y servicios, rubros que impactan directamente en la vida cotidiana, mientras los salarios continúan corriendo detrás de los precios. En ese contexto, la discusión técnica sobre ponderaciones y canastas no es un detalle menor: define cómo se mide la pérdida de poder adquisitivo y condiciona negociaciones salariales, jubilaciones y políticas públicas.

El gobierno de Milei construyó buena parte de su legitimidad económica sobre la promesa de ordenar la macro y bajar la inflación. Pero cuando el número incomoda, la tentación de intervenir —aunque sea indirectamente— erosiona el principal activo que busca exhibir: la credibilidad.

La inflación puede haber sido 2,9%. El problema es que la discusión ya no es solo cuánto subieron los precios, sino cuánto confía la sociedad en la cifra que se publica.