El “Caso Libra” ya no es solo un expediente parlamentario: es una herida política abierta en el corazón del gobierno de Javier Milei. Lo que comenzó como una investigación sobre contrataciones irregulares vinculadas al empresario Gustavo Novelli, terminó golpeando de lleno a la figura más influyente del entorno presidencial: Karina Milei.

La secretaria general de la Presidencia fue convocada a declarar por la comisión investigadora. No asistió y tampoco notificó su ausencia. Al día siguiente, su abogado, Mariano Cúneo Libarona, presentó un certificado médico para justificarla, pero la maniobra fue leída como un intento de ganar tiempo. La comisión respondió con dureza: declaró a Karina Milei en rebeldía y anunció que buscará nuevas vías legales para garantizar su comparecencia.

En paralelo, los legisladores opositores avanzaron con documentación que compromete directamente a Novelli, socio de la firma Libra, mostrando posibles beneficios irregulares en contrataciones con el Estado. Estas pruebas alimentan la sospecha de un esquema de favoritismos y privilegios en el manejo de recursos públicos.

La situación expone un doble problema para el gobierno. Por un lado, la estrategia de blindaje sobre Karina Milei, que es más que una funcionaria: es el centro de poder real dentro de la Casa Rosada. Por otro, el creciente costo político de sostener un silencio que ya no se percibe como prudencia, sino como encubrimiento.

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Hoy aportamos a la justicia información trascendente para la investigación judicial que el fiscal Taiano mandó a “procesar” hace meses y a la que la querella no tuvo la posibilidad de acceder.

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— Sabrina Selva (@SabriSelva) September 30, 2025

La oposición capitaliza el conflicto. Con cada ausencia, con cada excusa poco convincente, gana argumentos para instalar la idea de un gobierno opaco, incapaz de rendir cuentas y rehén de los intereses de su círculo íntimo.

El oficialismo, en cambio, queda atrapado en un callejón sin salida. Si Karina comparece, deberá dar explicaciones bajo presión política y mediática. Si insiste en esquivar a la comisión, el costo institucional se agrava y multiplica la percepción de debilidad.

En definitiva, el Caso Libra se transformó en una prueba de fuego para la credibilidad del proyecto libertario. Lo que está en juego ya no es solo la responsabilidad de un empresario ni la conducta de una funcionaria, sino la capacidad del gobierno de Javier Milei de mostrar transparencia y respeto por las instituciones. Y hasta ahora, el resultado es adverso: un oficialismo que predicó “moral y austeridad” pero enfrenta su primer gran escándalo como un poder en fuga.