El gobierno de Javier Milei volvió a quedar envuelto en una fuerte polémica que desnuda una contradicción cada vez más difícil de ocultar: mientras se impone un ajuste feroz sobre jubilados, trabajadores y sectores vulnerables, funcionarios y dirigentes del propio oficialismo acceden a millonarios créditos del Banco Nación en condiciones que hoy están bajo sospecha.

La crisis se desató tras la decisión de Sandra Pettovello de echar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que trascendiera que había obtenido un crédito hipotecario cercano a los 420 millones de pesos, uno de los más altos dentro de una nómina que incluye a funcionarios de distintas áreas del Estado. Lejos de cerrar el tema, la medida dejó al descubierto un entramado mucho más amplio de beneficios financieros otorgados a figuras del oficialismo, generando pedidos de investigación en el Congreso.

Según la información difundida, al menos 9 funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo accedieron a créditos del Banco Nación por montos que, en conjunto, superan los $2.500 millones.

Entre ellos figuran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, con una deuda inicial de $373.000.000 (unos US$315.000) desde febrero de 2025; y Federico Furiase, ex director del BCRA y actual secretario de Finanzas, con una deuda de $367.059.000 (US$280.787) desde agosto de 2025.

También aparecen Juan Pablo Carreira (“Juan Doe” en X), director nacional de Comunicación Digital, que tiene un crédito por $112.948.000 (US$76.417); y Emiliano Mongilardi, director de YPF, por $309.507.000 (US$207.766). Por su parte, los diputados de La Libertad Avanza Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde mantienen deudas que oscilan entre los $230 millones y los $279 millones, según los distintos períodos relevados.

El caso también salpica al corazón del gabinete económico. La polémica escaló hasta el entorno del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y generó fuertes tensiones internas con Pettovello. Incluso, la disputa impactó en la dinámica de poder dentro del gobierno y complicó movimientos políticos en la Jefatura de Gabinete, dejando expuesto a Manuel Adorni en medio de cuestionamientos cruzados.

La defensa oficial se apoya en la legalidad formal de los créditos. Pero el problema es político y ético: ¿cómo justificar que quienes diseñan y ejecutan un ajuste histórico sean, al mismo tiempo, beneficiarios de líneas de financiamiento privilegiadas? La explicación del gobierno —centrada en criterios técnicos— no logra despejar la sospecha de un esquema de privilegios.

Mientras tanto, en la Argentina real, el panorama es muy distinto. La política económica impulsada por Caputo —basada en recortes del gasto público y caída del ingreso— ha deteriorado el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, profundizando la desigualdad social. En ese contexto, el acceso a créditos millonarios por parte de funcionarios no solo resulta obsceno, sino que alimenta la percepción de un modelo donde el ajuste recae sobre las mayorías, mientras los beneficios quedan concentrados en una minoría con acceso al poder.

El escándalo del Banco Nación pone en evidencia algo más profundo que una interna de gabinete: revela la persistencia de prácticas que el propio Milei prometió erradicar. La “casta”, en este caso, no parece haber desaparecido, sino haberse reciclado dentro del propio oficialismo.

La pregunta que queda abierta es si estos episodios derivarán en una investigación real o si, como tantas veces en la historia argentina, quedarán diluidos en el ruido político. Por ahora, lo único claro es que el ajuste no es para todos por igual.