La estrategia de la Casa Rosada de gobernar por decreto y ajustar a espaldas del Congreso Nacional acaba de sufrir un contundente revés en los tribunales. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 mediante el cual el Poder Ejecutivo mantenía suspendida la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795). En su resolución, el magistrado intimó al Gobierno de Javier Milei a cumplir la norma de manera inmediata y a dictar las medidas reglamentarias y presupuestarias necesarias para garantizar los fondos.

Desde Balcarce 50 ya anticiparon que apelarán la medida, en una maniobra dilatoria orientada a blindar el superávit fiscal a expensas de la educación superior, los salarios docentes y el funcionamiento de las instituciones públicas.

Un freno al «re-veto» encubierto y la defensa de la división de poderes

El fallo unificó dos amparos: el colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a federaciones docentes, y la demanda promovida por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ambos recursos denunciaron lo que a todas luces constituyó un fraude constitucional.

Cabe recordar que la Ley 27.795 había sido vetada en su origen por el presidente mediante el Decreto 647/2025. Sin embargo, ambas cámaras del Congreso insistieron y ratificaron el texto con las mayorías agravadas de dos tercios que manda la Constitución Nacional. Obligado formalmente a promulgarla, el Ejecutivo introdujo en el Decreto 759/2025 una cláusula condicionante basada en el artículo 5° de la Ley de Administración Financiera, congelando de facto la entrega de partidas bajo el argumento de que el Parlamento no había asignado las fuentes de financiamiento.

El juez Cormick fue categórico al desarticular la tesitura oficial: sostuvo que suspender una ley insistida por el Congreso equivale a arrogarse facultades legislativas y crear una instancia de veto inexistente en el diseño republicano. Asimismo, recordó que la propia ley facultaba a la Jefatura de Gabinete a reasignar partidas y que el Ejecutivo carece de legitimidad para escudarse en el rigor presupuestario cuando modificó el presupuesto discrecionalmente en reiteradas ocasiones a lo largo del ejercicio.

EL SISTEMA UNIVERSITARIO ARGENTINO EXIGE AL GOBIERNO QUE CUMPLA CON LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO. • El Gobierno Nacional hace casi un año que no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario. Abrimos hilo ?? https://t.co/37cZ77bxOD

— UBAonline (@UBAonline) October 7, 2026

Salarios, clase media y movilidad social: el costo real del ajuste

Más allá de la controversia técnica y jurídica, el conflicto expone las consecuencias tangibles del modelo libertario sobre los sectores del trabajo y la clase media. La prórroga sistemática del presupuesto 2023 durante los ejercicios 2024 y 2025 licuó cerca del 40% del poder adquisitivo de docentes y no docentes, asfixió los hospitales universitarios y paralizó proyectos de investigación científica.

El argumento oficial sobre el "riesgo de quiebra fiscal" contrasta con los análisis técnicos: de acuerdo con las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto de la ley representa apenas el 0,23% del PBI. Para el universo asalariado y las familias que ven en la universidad pública la principal herramienta de movilidad social ascendente, este 0,23% no representa un descalabro macroeconómico, sino la línea divisoria entre el sostenimiento de una educación de calidad o la degradación estructural de las instituciones.

A pesar de los acuerdos paritarios parciales homologados en la causa, la decisión de fondo de Cormick despeja el cerco normativo con el que el Ejecutivo pretendía ahogar a las casas de altos estudios. La apelación anunciada por Milei confirma que la disputa continuará en la Cámara Federal, pero el fallo deja un precedente insoslayable: la disciplina fiscal no puede construirse quebrando las instituciones republicanas ni vaciando el futuro educativo del país.