La oposición rechaza la negociación que propone Milei y proyecta dictámenes propios para el Presupuesto 2026
22 de octubre de 2025
Quorum Digital
Con el Ejecutivo incumpliendo leyes ya sancionadas, los bloques no oficialistas endurecen su postura y se preparan para presentar despachos alternativos. El escenario muestra a un gobierno cada vez más aislado políticamente.
Mano dura frente al “diálogo” oficial
Los sectores opositores coincidieron en que no pueden aceptar condiciones que impliquen desconocer normas ya vigentes. En particular, reclaman que se incluyan en el Presupuesto las leyes de emergencia pediátrica (Garrahan), financiamiento universitario y de discapacidad — todas sancionadas y luego dejadas a la suspensiva por el oficialismo.
Nicolás Massot (Encuentro Federal) adelantó que su bloque elaborará un texto alternativo con un superávit del 0,9 %, un margen inferior al 1,5 % que propone el Ejecutivo, “pero respetando las leyes que el Gobierno no está dispuesto a cumplir”.
Para la oposición, el cambio de actitud es una condición mínima: “Dialogar no es aceptar imposiciones”, advirtieron algunos diputados críticos al oficialismo.
La estrategia del oficialismo: dilatar y esperar
Intentos del Gobierno por postergar el debate no sorprendieron al arco opositor. En reuniones previas, Omar Menem —presidente de la Cámara baja—, junto con funcionarios clave como el secretario de Hacienda Carlos Guberman y el vicejefe de Gabinete José Rolandi, impulsaron estirar los tiempos y plantear reuniones informales con bloques “dialoguistas”.
Pero la falta de compromisos concretos —y el silencio sobre el cumplimiento de leyes ya sancionadas— precipitaron el quiebre político. Legisladores denunciaron que el Ejecutivo pretende arrastrar la ley más allá del recambio legislativo de diciembre, cuando podría tener un Congreso menos adverso.
La ofensiva judicial-opositora
La tensión no solo quedó en el terreno político. La oposición amplió una denuncia penal por incumplimiento de deberes contra varios funcionarios (incluyendo el jefe de Gabinete y ministros vinculados a las leyes suspendidas) por no aplicar disposiciones que tienen fuerza de ley.
En paralelo, desde Unión por la Patria se impulsó una moción de censura contra el jefe de Gabinete Guillermo Francos, como mecanismo para generar presión institucional ante el vacío normativo dejado por el Gobierno.
Polarización en el Congreso, tensión en el Gobierno
La jornada de debate en comisión fue tensa. Algunos bloques pactaron estrategias coordinaras; otros optaron por “guardar modificaciones” para cuando el proyecto vaya al recinto, evitando comprometerse con dictámenes que podrían sancionarse sin consenso.
Mientras tanto, el Ejecutivo empezó a exhibir señales de repliegue estratégico, incluso admitiendo públicamente el lanzamiento de una Ley Bases II y otras reformas estructurales el próximo diciembre para esquivar desgastes inmediatos.
Para 2026, el tablero queda enredado: la oposición construye sus propias propuestas presupuestarias, mientras el oficialismo parece apostar a reabrir el diálogo recién en el nuevo escenario parlamentario. Pero esta vez, el precio político no está al margen: la acusación constante es que la administración de Milei camina entre el autoritarismo y el desdén por las reglas institucionales.
