El Palacio Legislativo volvió a quedar a oscuras esta semana. Mientras los trabajadores y la clase media argentina siguen haciendo malabares diarios para subsistir bajo el yugo de un ajuste que licúa salarios y destruye el consumo, la rosca política en el Senado se encuentra en un estado de parálisis total. ¿El motivo? El testarudo empeño de la Casa Rosada en blindar y sostener a Manuel Adorni, un jefe de Gabinete acorralado por la Justicia tras admitir la omisión de medio millón de dólares en su declaración jurada. Un escándalo que el oficialismo pretendió maquillar con la reciente "Ley de Inocencia Fiscal", pero que en los pasillos del Congreso ya hiede a fin de ciclo.

La tregua se terminó y los tiempos se aceleraron de manera dramática. En la última reunión de Labor Parlamentaria, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich —quien hoy transita un laberinto sumamente incómodo tratando de defender lo indefendible—, tuvo que claudicar. Presionada por senadores aliados y bloques provinciales que antes votaban a libro cerrado, la exministra no tuvo más opción que ceder: el próximo jueves 25 de junio se votará en el recinto la interpelación al ministro coordinador. Si se aprueba, como todo indica, Adorni tendrá que enfrentar un ultimátum con fecha fija: el 2 de julio deberá sentarse en el banquillo de los acusados.

El fantasma de la censura: un golpe inédito en 30 años

La maniobra oficialista de suspender la sesión de esta semana fue un evidente manotazo de ahogado para ganar siete días de oxígeno. Una jugada desesperada motorizada por Bullrich para evitar que el peronismo —conducido por José Mayans y Juliana di Tullio— junto a la oposición dialoguista arrastraran al Gobierno a una humillación en vivo y en directo. Sin embargo, estirar la agonía solo agrava la crisis.

La verdadera bomba que corre por los pasillos del Senado es que la interpelación del 2 de julio no será un simple "informe de gestión". Los bloques opositores y los aliados fatigueados ya tienen diseñado el mecanismo para activar, por primera vez desde la reforma constitucional de 1994, la moción de censura para remover de inmediato al funcionario de su cargo. Para lograr este desplazamiento histórico se necesitan 37 votos (la mayoría absoluta de la totalidad de la cámara), un número que el interbloque opositor y los aliados clave —como Flavia Royón, Carlos "Camau" Espínola y el radicalismo de Eduardo Vischi— ya tienen prácticamente abrochado en sus borradores.

"Acordaron sesionar el 25 de junio para votar la convocatoria, pero el 2 de julio en el recinto lo desplazan", confiesa sin vueltas un operador de la oposición dialoguista. El malestar con el jefe de Gabinete es transversal. Sus propios aliados le exigen a Javier Milei una "salida ordenada" antes de esa fecha para evitarle al Poder Ejecutivo el costo político de ver a su ministro coordinador eyectado por el Congreso. Mientras tanto, en los sótanos de la Casa Rosada ya se baraja el nombre de Luis Quirno para el recambio en el área económica del gabinete.

Extranjerización de la tierra y un Congreso de espaldas a la gente

Mientras el oficialismo quema su escaso capital político en roscas subterráneas para salvar la cabeza de un funcionario salpicado por irregularidades, la agenda legislativa real que afecta a la ciudadanía está muerta. Leyes clave para el programa de la Libertad Avanza, como la polémica iniciativa de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" —que en su letra chica abre las puertas a la extranjerización de la tierra y los recursos estratégicos—, siguen juntando polvo. Los senadores aliados ya van por la undécima revisión del proyecto en sus teléfonos celulares, reescribiendo artículos enteros ante la total incapacidad del oficialismo para articular una negociación seria.

Esta parálisis es el fiel reflejo de la praxis política del Gobierno: un internismo feroz, la soberbia como única estrategia y una alarmante desconexión con las urgencias de la sociedad. Mientras en el recinto se discute cómo estirar la agonía del vocero de las malas noticias, afuera el salario real se pulveriza, las tarifas de los servicios públicos se vuelven impagables y las pymes bajan la persiana. El relato del "combate a la casta" terminó degenerando en su versión más rancia: cerrar el Parlamento y congelar el país para cuidar la silla de los amigos del poder.