Los expedientes judiciales que salpican a los aliados del gobierno. El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, se encuentra en el ojo de la tormenta tras una demoledora investigación  que reavivó y amplió las denuncias en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y sociedades offshore.

Mientras el oficialismo y sus socios parlamentarios le exigen sacrificios diarios a los trabajadores asalariados, sus principales espadas legislativas parecen estar ocupadas en un "sálvese quien pueda" de alta gama, con ramificaciones que cruzan el Río de la Plata.

El "Lote VIP" y la red de ladrillos de lujo

La investigación judicial, motorizada a partir de las revelaciones periodísticas, sumó un capítulo escandaloso: la adquisición de un exclusivo "lote VIP" en Uruguay a través de la firma Ardax S.A., una corporación radicada en Montevideo vinculada a desarrollos inmobiliarios de extrema exclusividad en Punta del Este. En las declaraciones presentadas por el propio diputado, la compra figura por un monto que, para los valores reales del mercado inmobiliario premium oriental, despierta inmediatas sospechas de subfacturación.

Pero el terreno uruguayo es apenas la punta del iceberg de un imperio del ladrillo que Ritondo construyó a espaldas del ojo público. La ampliación de la denuncia penal presentada en los tribunales federales de Comodoro Py detalla una monumental red que incluye:

• 14 desarrollos inmobiliarios en ejecución.

• 373 unidades funcionales (departamentos) distribuidas estratégicamente entre los barrios más caros de la Ciudad de Buenos Aires y las zonas más exclusivas de Pinamar.

• Un valor de mercado estimado que supera holgadamente los 55 millones de dólares.

Toda esta fenomenal estructura de negocios se encuentra bajo el paraguas de la empresa Emprendimientos Rivadavia S.A. y una telaraña de sociedades offshore que involucran directamente a su entorno familiar más íntimo, incluyendo a su esposa Romina Diago.

La paradoja de la "Ficha Limpia" y el doble discurso oficial

En el Congreso, la hipocresía se corta con cuchillo. En la rosca de pasillo, los diputados de la oposición no ocultan las sonrisas irónicas al recordar que Ritondo fue uno de los principales impulsores del proyecto de ley de "Ficha Limpia", aquella bandera con la que el PRO y los libertarios pretenden dar cátedra de moralidad pública. La realidad le propinó un cachetazo de cinismo: el encargado de defender la transparencia institucional en el recinto tiene que esquivar el asedio judicial por ocultar un patrimonio multimillonario en el exterior.

Cuando los cronistas parlamentarios le consultaron sobre estas propiedades no declaradas en Miami y los movimientos de fondos en el Uruguay, la respuesta del jefe de la bancada amarilla fue la típica receta del manual de la impunidad corporativa: acusar una "operación política" en su contra y buscar complicidades mediáticas para esquivar las explicaciones técnicas.

El costo de "garantizar la gobernabilidad"

Para la militancia de a pie y la clase trabajadora argentina que ve cómo sus salarios se licúan frente a los tarifazos de Milei, estas revelaciones exponen la verdadera naturaleza del pacto de gobernabilidad en el Congreso. Los mismos legisladores que levantan la mano para recortar jubilaciones, convalidar el veto a las universidades y desregular la economía en favor de los grandes capitales, manejan fortunas en dólares físicos que consolidan fuera de las fronteras nacionales.

Mientras el gobierno libertario destruye el mercado interno y precariza la vida de los argentinos bajo la premisa de que "no hay plata", la rosca política demuestra que para los "héroes" del oficialismo y sus socios del PRO, la plata —y los lotes VIP— vaya si existen. La Justicia ahora deberá determinar si el impresionante patrimonio de Cristian Ritondo se construyó bajo el amparo de la ley o a la sombra de los favores del poder político. Por ahora, el olor a asado en Olivos quedó tapado por el aroma del real estate de Punta del Este.