La medida, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, habilita a la Justicia a meterse de lleno en cuentas, movimientos financieros, consumos, préstamos y hasta billeteras virtuales del funcionario. El objetivo es claro: determinar si hubo enriquecimiento ilícito y seguir la ruta del dinero desde su ingreso a la función pública.

Pero el expediente no se queda ahí. La lupa también se posa sobre un entramado de supuestos prestamistas que habrían financiado operaciones inmobiliarias del funcionario, bajo condiciones que la Justicia considera, al menos, llamativas. Incluso se investiga la compra de un departamento en Caballito, una operación que genera más dudas que certezas dentro del expediente.

En paralelo, se amplían las medidas de prueba y aparecen nuevos actores en la causa. Según trascendió, el juzgado comenzó a citar testigos del entorno del edificio donde reside Adorni, en un intento por reconstruir movimientos y vínculos que podrían resultar clave para entender cómo se cerraron algunas de las operaciones bajo sospecha.

El caso avanza en un contexto político delicado. Adorni, uno de los funcionarios más cercanos a Javier Milei, ya venía golpeado por cuestionamientos sobre su patrimonio y por el polémico viaje a Nueva York junto a su esposa, cuyo costo superó los 10 mil dólares.

Con el levantamiento del secreto bancario, la investigación entra ahora en una etapa crítica. En tribunales hablan de una “radiografía completa” de sus finanzas. En la Rosada, en cambio, empieza a crecer la preocupación: el expediente ya dejó de ser un ruido mediático y empieza a convertirse en un problema político real.