La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de una causa que analiza un posible enriquecimiento ilícito. El foco está puesto en los movimientos económicos vinculados a la compra y remodelación de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Según surge de la investigación, la Justicia busca acceder al detalle de pagos, valuaciones y obligaciones tributarias asociadas al inmueble, con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario.

El expediente cobró mayor relevancia en los últimos días tras la declaración de un contratista, quien aseguró haber recibido pagos en efectivo por trabajos realizados en la vivienda, lo que reforzó las sospechas sobre el origen de los fondos.

El levantamiento del secreto fiscal se suma a otras medidas previas, como el acceso a información bancaria y financiera, en un intento por profundizar la trazabilidad de los ingresos y gastos de la pareja.

En paralelo, el caso genera ruido político dentro del Gobierno nacional. Mientras el presidente Javier Milei sostiene a Adorni en su cargo, crecen las tensiones internas por el impacto del escándalo en la imagen oficial y la posibilidad de nuevas revelaciones judiciales.

Así, la causa avanza en un terreno donde se cruzan la investigación patrimonial y las disputas políticas, con un expediente que podría tener consecuencias tanto judiciales como institucionales en el corto plazo.